Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) aprobaron el 20 de julio, en La Habana, la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes, como parte de la agenda del I Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.
Ante el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, se suscitaron varias intervenciones dirigidas a respaldar y enriquecer el texto.
Incluso Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento, alertó que se está incrementando en las comunidades la cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan, cuando años atrás esta era una batalla ganada por las organizaciones en los barrios.
Al presentarlo Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro, manifestó que la iniciativa es multisectorial y fortalece las condiciones de inclusión para que las nuevas generaciones disfruten de todos los derechos y beneficios sociales, culturales, económicos y políticos.
Aseguró que la propuesta ofrece un mayor número de oportunidades a los niños, jóvenes y adolescentes cubanos sin asistencialismo, para que pongan en marcha sus proyectos de vida y sean felices con pleno desarrollo espiritual y material para contribuir, de esa forma, a la continuidad y futuro de la Revolución.
En el Palacio de Convenciones de La Habana, Perdomo Di-Lella añadió que constituye una propuesta que aún se enriquece y cuyas estrategias se cumplirán en la medida en que la situación del país lo permita.
El vice primer ministro enfatizó que el plan de acción de la política, que este jueves se sometió a consideración del Parlamento, requiere el monitoreo permanente y la evaluación sistemática de los objetivos para su coordinación y control.
Resaltó que en función de ello será necesario diseñar un mecanismo interinstitucional en el que intervengan los gobiernos territoriales, las organizaciones políticas y sociales, las instituciones académicas, las entidades empresariales y la sociedad en general.
Al decir del vice primer ministro, la Política concibe a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos titulares de derechos, cuya garantía debe materializarse a nivel colectivo e individual, con una participación significativa acorde con sus capacidades y momento del ciclo de vida y con el ejercicio de la ciudadanía como agentes de transformación social y cultural.
Perdomo Di-Lella señaló que su elaboración contó con la participación activa de la sociedad civil cubana, en particular las organizaciones estudiantiles y juveniles, y que la Política reconoce las fortalezas de las que se parte y destaca aquellas áreas que requieren mayor apoyo y trabajo conjunto de todos los sectores que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.
El texto, que tendrá un alcance hasta 2030, atenderá con prioridad a esos grupos etarios que residen en zonas rurales y comunidades vulnerables teniendo en cuenta la política de la dinámica demográfica y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
También se vincula con macroprogramas de Gobierno, entre ellos de Adelanto de las Mujeres, en Contra del Racismo y la Discriminación Racial, y con los acuerdos del X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, cuya esencia es profundamente humana y de justicia social, destacó.
De acuerdo con Perdomo Di-Lella, con la aprobación de esta norma estará lista la base para que se pueda elaborar el proyecto de ley que sustituirá al actual Código de la Niñez y la Juventud de 1978, que se presentará ante el Parlamento el próximo año.
La Política tendrá un alcance hasta 2030 con acciones que se organizarán en dos temporalidades de implementación, a cuyo término deberán evaluarse los resultados.
En nombre de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, Arelys Santana Bello, su presidenta, propuso al Parlamento que las instituciones involucradas en su implementación diseñen el sistema de capacitación para la preparación del personal sobre sus contenidos y responsabilidades y un sistema de evaluación continua de su impacto.
Además, exhortó a las instituciones implicadas a desarrollar de manera articulada una estrategia de Comunicación Social en aras de que la población reconozca los contenidos que esta Política establece.
Mariela Castro Espín, diputada por el municipio habanero de Plaza de la Revolución, aseguró que la Política fortalece también el derecho a la autonomía progresiva reflejada en el Código de las Familias y abre una puerta para la implementación de otros programas y políticas con el fin de garantizar la atención diferenciada a las nuevas generaciones.
Tomado de Invasor