Con actualización y novedades para la protección del entorno, este 11 de marzo entró en vigor la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Ley no.150), que tiene como objetivo regular las acciones del Estado, la ciudadanía y la sociedad en general para garantizar la implementación y funcionamiento del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Cuba.
El documento, aprobado en 2022, es coherente con la Constitución de la República de Cuba, que en su Artículo 75, establece que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado; que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país; reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.
Con 14 capítulos y 194 artículos, la nueva normativa persigue proveer elementos sustantivos para la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, el Patrimonio Natural, e incorporar la dimensión ambiental en los planes de desarrollo económico y social en los plazos establecidos, y propiciar una mayor participación multidisciplinaria, intersectorial y ciudadana en la implementación de otras políticas vinculadas a los recursos naturales o que se relacionan con la gestión y calidad ambiental.
Entre sus objetivos específicos se encuentran garantizar las bases y condiciones para el ejercicio pleno del derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado; y establecer los principios y las obligaciones que orienten las acciones de las personas naturales y jurídicas en materia ambiental, que incluye los mecanismos de coordinación para una gestión ambiental eficiente.
De igual manera, busca establecer el marco institucional para la protección del medio ambiente y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales; promover un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la planificación de la adaptación y de la mitigación al cambio climático, en el corto, mediano y largo plazos; y fortalecer el marco legal que asegure la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, así como la mejora de la calidad ambiental, con un enfoque ecosistémico, para lograr un medio ambiente sano y equilibrado;
Entre los elementos a destacar están el mandato de incorporar las consideraciones ambientales en todas las políticas o normas legales que tengan incidencia directa o indirecta en materia ambiental y en los recursos naturales y de contribuir desde la base del conocimiento y la innovación científico técnica al fortalecimiento del Sistema de la Defensa Civil para la gestión de la reducción del riesgo de desastres ante peligros de origen natural, tecnológico y sanitario, y de las consecuencias del cambio climático.
A su vez, potenciar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en función de contribuir a la solución de los principales problemas ambientales y a una gestión más sostenible de los recursos naturales, que incluye la actualización de la matriz productiva de acuerdo al modelo de desarrollo económico y social del país.
La ley incorpora la integración de la dimensión ambiental en la planificación integral del desarrollo, el ordenamiento del territorio y la estrategia ambiental municipal.
Al respecto, el doctor en Ciencias Daimar Cánovas, director de Instrumentos de la Política Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), declaró a Observatorio Científico que la ley reconoce un instrumento, la evaluación ambiental estratégica que busca que la dimensión ambiental se tenga en cuenta desde el momento de la concepción de los programas de desarrollo, no solo un requisito adicional, sino como un escenario para que los programas de desarrollo sea exitoso
Entre los nuevos preceptos incluidos en la Ley 150, se encuentran el fortalecimiento del papel del Citma como organismo rector, el perfeccionamiento de los instrumentos de la política y de la gestión ambiental y la definición, por primera vez, del concepto de daño ambiental, así como la responsabilidad civil y penal de provocarlo.