Cuba conformó un Grupo Temporal de Trabajo para la inserción del país en el mercado de carbono, coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) como parte de un proceso que incluye la formulación de normas jurídicas y técnicas que correspondan para hacer viable la participación en esta actividad, nueva para la nación.
Integrado por diferentes Organismos de la Administración Central del Estado, el grupo participa en las consultas para la formulación del Reglamento correspondiente, que tiene como objeto establecer el procedimiento y las acciones para la implementación en el país de las actividades relativas al mercado de carbono.
La norma en construcción pautará las bases para que el país participe en las actividades del mercado de carbono, se impulse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se contribuya al cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada, de manera consistente con las prioridades del desarrollo económico y social sostenible.
Entre los objetivos específicos de la estrategia para la inserción de Cuba en este ámbito se encuentran, en primer lugar, promover el desarrollo y la implementación de proyectos para reducir, evitar y capturar emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio nacional, a fin de contribuir con los compromisos nacionales e internacionales del país, en el contexto de sus prioridades sociales y económicas. e impulsar la integración de la adaptación al cambio climático en estos proyectos, valorando y generando recursos a partir de los resultados positivos obtenidos, en consonancia con las prioridades y necesidades locales y nacionales.
A su vez, se persigue facilitar la participación y contribución de actores económicos diversos, en las acciones relativas al mercado de carbono, impulsar la investigación, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología baja en carbono para promover medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; fortalecer el desarrollo del sistema de monitoreo nacional de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la financiación de las actividades para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.
En ese sentido, es prioritario asegurar la alineación de las iniciativas y proyectos bajo análisis, con el marco de políticas del país, en particular, el Plan de Desarrollo Económico y Social al año 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) y garantizar que las propuestas que se adopten para su aprobación aseguren el debido cumplimiento y transparencia, conforme a las exigencias internacionales para el mercado de carbono.
Cuba otorga gran importancia a que los proyectos generen una reducción real de los gases de efecto invernadero (GEI) y sean certificados bajo la responsabilidad del organismo proponente, siguiendo estándares reconocidos internacionalmente y al hecho de que las propuestas consideren como base el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) más reciente del país, que se haya hecho público.
El Citma ofrecerá atención preferente a aquellas que promuevan el desarrollo y la transferencia de tecnologías avanzadas y la innovación; proporcionen acceso a recursos financieros que apoyen la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático y la Contribución Nacionalmente Determinada; generen cobeneficios de adaptación; ofrezcan las mejores alternativas respecto a los precios fijados para el carbono equivalente; y creen empleos decentes, con preferencia a los “empleos verdes”.
Para la valoración de los proyectos vinculados al mercado de carbono que sean presentados, constituyen prioridades nacionales las actividades referidas a la transición energética, incluyendo la mejora en la eficiencia energética y el impulso a las fuentes de energías renovables; la reducción de las emisiones del sector industrial; la rehabilitación de ecosistemas y restauración ecológica; y la gestión de desechos sólidos.

Antecedentes
El Decreto 86/2023, “Del Enfrentamiento al Cambio Climático”, de 25 de mayo de 2023, dispone en su artículo 3 dispuso que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente el organismo responsable de proponer y, una vez aprobada, dirigir y controlar la implementación de la política para enfrentar el cambio climático, en particular, la ejecución del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático.
Por otra parte, el artículo 36 define que en el enfrentamiento al cambio climático se utilizan los instrumentos económicos de carácter tributario, financiero o de mercado, y los pagos por servicios ambientales, a partir de la promoción de acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos establecidos en ese Decreto.
En febrero pasado, el Consejo de Ministros aprobó el inicio del proceso de inserción de Cuba en los mercados de carbono y designó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente como Punto Focal en representación del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de París, para los asuntos relacionados con el Artículo 6 (mercados de carbono) y le encomendó coordinar el proceso de elaboración de las normativas jurídicas y técnicas que correspondan para hacer viable el proceso de participación del país en dicho mercado.
¿Qué son los mercado de carbono y cuáles son sus objetivos?
Mediante el Protocolo de Kioto, adoptado en noviembre de 1997, 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometieron a reducir como mínimo un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2008 y 2012, tomando como base las emisiones de 1990.
Para ello idearon los “bonos de carbono”, también llamados “certificados de reducción de emisiones”, (en inglés Certified Emission Reduction) (CER). Estos bonos de carbono son similares a otros bonos que se negocian en los mercados, pero con ciertas regulaciones y mecanismos propios en mercados de carbono regionales, nacionales o internacionales. La idea de su creación fue incentivar, en vez de obligar, a los diferentes actores para estabilizar y disminuir sus emisiones de GEI.
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