Cuba desarrolló en junio el Seminario del Acuerdo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esta acciones se desarrollan en el marco del “Proyecto de apoyo a la ejecución del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP)”, financiado por la República de Corea.
El encuentro tuvo como propósito aumentar el conocimiento de los marcos internacionales y regionales para la implementación de ese acuerdo; revisar las políticas, legislación, estructura institucional y los sistemas y operaciones de seguimiento, control y vigilancia existentes y definir las medidas apropiadas para la introducción de disposiciones y procedimientos coherentes destinados a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Participaron en el evento, Midalys Naranjo Blanco, viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba (MINAL), Matthew Camilleri, Oficial Senior de Pesca y Alicia Mosteiro, Oficial de Pesca de la FAO, así como miembros de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del MINAL, el Centro de Investigaciones Pesqueras y otras autoridades vinculadas a la ordenación pesquera y el transporte marítimo responsables con la prevención, disuasión y eliminación de la pesca ilegal.
El Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado por la Conferencia de la FAO en 2009 y vigente desde junio de 2016, pretende evitar la entrada de la pesca de captura, y el uso de puertos por buques extranjeros que la practican de manera ilegal en los mercados nacionales e internacionales.
Al intervenir en la apertura del seminario, la titular del MINAL se refirió a que la aplicación mundial del Acuerdo, aunada con un mejor desempeño de los Estados del pabellón, respaldada por un seguimiento, control y vigilancia eficaces, no solo reforzaría las actividades internacionales para reducir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sino que, como uno de sus resultados también respaldaría el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la gobernanza en todos los niveles.
“Esto habrá de constituir una contribución sustancial para la protección de nuestros océanos, así como para asegurar que su riqueza sea entregada a las siguientes generaciones”, señaló.
Naranjo también agradeció la asistencia técnica brindada por la FAO para ayudar a los Estados a mejorar las capacidades en la aplicación efectiva de las disposiciones del Acuerdo, con el objetivo de aumentar el conocimiento de los marcos internacionales y regionales para su implementación.
Por su parte, Alicia Mosteiro, Oficial de Pesca de la FAO, enfatizó que estas acciones dan continuidad al trabajo de asistencia técnica desarrollado por FAO, dentro de las cuales se prevén realizar otras de formación y capacitación, así como la participación de especialistas y expertos cubanos en reuniones y encuentros internacionales vinculados a ese mecanismo internacional.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema apremiante que sustrae enormes recursos económicos y naturales a la economía mundial y al ambiente marino. Sus efectos pueden ser muy graves, particularmente para los estados costeros en desarrollo y los pequeños Estados insulares de bajos ingresos que dependen de esa actividad.