Un país de insuficientes recursos naturales intenta basar el desarrollo de su economía en las producciones del conocimiento. JT reflexiona sobre contexto y actualidad de este proceso
Envuelto como está el mundo, y Cuba con él, en la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, varios son los motivos por los que resulta vital marchar a su ritmo.
Basta decir que desde el año 2010 la inversión global en producciones intangibles (como es el caso de un software) supera la realizada en producciones tangibles (carreteras, fábricas). Dicho de otro modo, la tendencia mundial es a colocar los principales recursos en las producciones del conocimiento, y cada día esa tendencia se hace más marcada.
Para entender el porqué de este fenómeno, hay que saber que el proceso de Industrialización Avanzada (otro nombre con el que es conocida la Cuarta Revolución Industrial) está asociado al Internet de las cosas, las telecomunicaciones avanzadas, la robótica, las masas de datos, la inteligencia artificial, la energía inteligente, la manufactura aditiva, la nanotecnología, los nuevos materiales y la biotecnología orientada hacia la biología sintética.
Todas estas tecnologías están caracterizadas por tres propiedades esenciales: son menos intensivas en recursos materiales y más en conocimientos; borran las fronteras entre las esferas física, digital y biológica de la producción; y utilizan intensivamente las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Son, por tanto, tecnologías que optimizan prácticamente todos los procesos humanos, especialmente aquellos asociados a la producción y al conocimiento. Además, son factibles de ser perfeccionadas en tiempos relativamente cortos y, dada su esencia misma, tienen una demanda alta y creciente.
Todas estas características le vendrían como anillo al dedo a una economía como la cubana, que posee limitados recursos naturales. Sin embargo, el país todavía no avanza por ese camino. Según los datos estadísticos disponibles[1], la industria cubana se mantiene siendo manufacturera, de escaso valor agregado y, el mayor problema: reduce sostenidamente sus producciones. En cuanto a la industria de intangibles, ni siquiera figura en el compendio consultado.
Además de lo anterior, Cuba se aparta de otra tendencia mundial: la que correlaciona el nivel educacional de un país con el papel de la industria del conocimiento en su economía. No son necesarios muchos datos para ilustrar dicha afirmación.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2015 Cuba ostentaba el trigésimo segundo lugar mundial en cuanto a su promedio de grados de escolarización, con 11,8. Para evaluar cómo repercutió ese indicador a escala mundial en el futuro cercano, consultamos el Índice Global de Innovación (IGI), publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) cinco años después, es decir, en 2020.
Comparando ambos indicadores, se aprecia que, de los 31 países que antecedieron a Cuba en cuanto a promedio de grados de escolaridad en 2015[2], 24 se incluyeron en el TOP 40 del IGI-2020; en tanto de los siete restantes, cinco entraron entre los primeros 100[3]. Además, en el TOP 40 del IGI-2020 se ubicaron países que estaban muy por debajo de Cuba en el promedio de grados de escolaridad en 2015, como España (9,8) y Portugal (8,9).
Cuba no figura entre los más de 130 países que fueron relacionados en el Informe IGI-2020 de la OMPI, como tampoco en el correspondiente al año 2021. Es algo lamentable. Téngase en cuenta que para el cálculo del IGI se consideran indicadores que trascienden el mero producto final de la actividad innovadora. Son, en total, 81 variables las que se evalúan, entre las que se encuentran la institucionalidad y el capital humano dedicados a la innovación, la investigación, la infraestructura, el desarrollo tecnológico (o sofisticación) de negocios y mercados, los resultados de las industrias del conocimiento, entre otros, todos agrupados en dos grandes subíndices: la inversión en innovación y los resultados obtenidos de esta.
No quiere decir que el IGI sea un indicador infalible. Como toda herramienta estadística, debe evaluarse con una visión integradora y armonizada con la mayor cantidad de información posible. Léase, datos que la complementen y, sobre todo, le sirvan de contraste. No obstante, contar con un valor que agrupe todos los datos que incluye el IGI podría ayudar mucho a la hora de trazar estrategias y definir hacia dónde encauzar los principales esfuerzos.
Hay otro dato que arroja luz sobre el contexto actual en materia de producciones del conocimiento. En 2020, 29 de las 31 naciones que estuvieron por delante de Cuba en el listado ya mencionado en materia de escolaridad, solicitaron más patentes que la mayor isla del Caribe[4]. El análisis puede ir más allá y generar la conclusión de que nuestro país, con solo 109 patentes presentadas, estuvo completamente a la saga a nivel mundial. No es ocioso mencionar que, de las solicitudes de Cuba ante la OMPI en 2020, casi el 70 por ciento respondieron a estructuras foráneas con presencia en nuestro territorio. Solamente 33 estuvieron relacionadas con desarrollos netamente nacionales.
Claro, el 2020 fue el año inicial de la pandemia de covid-19, pero, en este caso, esa no fue una variable definitoria. Desde el 2016 es sostenida la tendencia a la reducción en la presentación de patentes totales por parte de Cuba ante la OMPI[L4] . Ello habla de una marcada contracción en materia de producciones científicas cubanas, al menos en lo tocante a su proyección internacional.
Todos estos datos redundan en una misma conclusión: el comportamiento estándar a nivel mundial es que los países con mayor índice de escolaridad experimentan una participación más elevada de las producciones del conocimiento en su economía. Cuba es la excepción de esa regla. Es, probablemente, la única nación del mundo en que ambos indicadores siguen tendencias diametralmente opuestas; es decir, la escolaridad promedio tiende a mantenerse alta y las producciones industriales, incluyendo las científicas, a reducirse.
En las 229 Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación existentes en el país, casi 90 mil personas brindan sus saberes a estas actividades[5], por no hablar de las otras decenas de miles de profesionales y técnicos vinculados al sector no estatal o a otras actividades. Sin embargo, sus producciones no tienen aún el impacto que de ellas se requiere en la economía nacional.
El camino a la mipyme
Básicamente, el escenario descrito refleja una Cuba con escasos recursos materiales, pero con un capital humano altamente calificado en una buena parte de las ramas de la ciencia y la tecnología. Capitalizar adecuadamente esa inversión debería inclinar la balanza del desarrollo hacia las producciones científico tecnológicas y, dentro de estas, a aquellas relacionadas con la Industrialización Avanzada.
Como sucede con casi todo lo que toca enfrentar a los cubanos, el empeño no resulta fácil. El estado actual de la industria nacional la ubica en un nivel de desarrollo correspondiente a la Segunda Revolución Industrial; y lo que se pretende es que dé el salto directamente hasta la Cuarta. Nadie en el mundo lo ha hecho, al menos no en condiciones similares a las de Cuba.
De los pasos que está dando la economía del país en los últimos años, se deduce que fomentar la Industrialización Avanzada como una vía principal del desarrollo está en la mira de la alta dirección política y gubernamental. Siguiendo los signos de nuestra historia más reciente, no se apuesta todo a una carta, la diversificación de la economía se mantiene como objetivo, pero dando pasos firmes para allanarle el camino a las potencialidades de las producciones del conocimiento.
El Dr. Agustín Lage Dávila[6], destacado científico cubano y uno de los artífices fundacionales de lo que hoy es BioCubaFarma, principal ejemplo de que en el país sí se puede construir una industria científico tecnológica de avanzada, eficiente y exitosa, se basó en su experiencia para describir los hitos a alcanzar en el empeño de reproducir, en todo el país y en las más diversas actividades, el éxito de aquello que se construyó originalmente para las producciones biotecnológicas.
En base al trabajo del Dr. Lage Dávila, lo primero sería crear un marco jurídico que ordene el asunto. Se trata de dictar, no cualquier base normativa, sino una que estimule el surgimiento de estructuras puestas en función de la producción tecnológica. La idea es que surjan emprendimientos grandes y pequeño, estatales y privados.
Posteriormente, debe surgir un esquema de financiamiento, entendido como un sistema de instituciones y procedimientos para el acceso a recursos financieros que ayuden a los emprendimientos a despegar. Lo ideal es que sea amistoso y colaborativo, porque su finalidad no es crecer en los intereses, sino servir de escalón para el logro del bien mayor, que no es otro que el florecimiento de las producciones del conocimiento.
También deben enfocarse los esfuerzos en la selección de quienes van a liderar el proceso, y ponerlos en contacto con las mejores experiencias nacionales e internacionales. Deben ser estimulados a aprender, más allá de los libros, porque nada hay más educativo que lo que se percibe directamente. Hacerse con el conocimiento práctico primero, para después materializarlo en sus realidades.
Deben nacer, entonces, nuevas empresas, que gestarán las producciones tecnológicas de avanzada. Estas empresas deben tener un alto nivel de inversión en innovación y desarrollo, que cierren el ciclo investigación– producción–comercialización, incluyendo la exportación de servicios y productos tangibles e intangibles; y también que, llegado el momento, sean capaces de desplegarse fuera de fronteras para internacionalizar su actividad.
Por último, para este proceso no hay receta, porque nadie lo ha hecho antes. Es preciso avanzar sin temor a que algunos emprendimientos no prosperen, máxime conociendo que, conforme al comportamiento mundial, alrededor del diez por ciento de las nuevas empresas quiebran en su primer año. Ese es un riesgo que debe asumirse también en el contexto cubano.
Al menos en materia de institucionalidad, los pasos que se han dado van por ese camino. Se ha visto nacer un ordenamiento jurídico cada vez más generalista y más de apertura, promoviendo los emprendimientos dedicados a las producciones basadas en la tecnología, generalmente denominados “de base tecnológica”. Una parte sustancial de estos responde a la forma de gestión que se agrupa en las llamadas “micro, pequeñas y medianas empresas” (Mipymes).
La norma que implementa esta forma de gestión (Decreto Ley №46 de 2021) establece como su objetivo general “propiciar el desarrollo y la diversificación de la producción, así como encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional y fomentar el empleo y el bienestar económico y social”.
Dicho de otra manera, las mipymes surgieron para cualquier tipo de actividad y no solo (ni principalmente) para la producción científica. Sin embargo, es deseable potenciar precisamente las de base tecnológica con miras a la industrialización avanzada.
Resulta interesante razonar sobre el porqué de ese énfasis; y nada mejor que hacerlo a partir de sus características intrínsecas. Aunque no hay una definición homogénea para este tipo de entidades, es evidente la manifestación de algunas características que les son comunes. Entre estas destacan que sus producciones tienen un componente bajo en recursos materiales y alto en conocimiento e innovación tecnológica; así como que son estructuras conformadas, generalmente, por pocas personas, altamente calificadas y con un uso intensivo de las nuevas tecnologías.
Dado que su fin primordial es la comercialización de sus productos y no la investigación científica en sí, demandan y potencian de manera priorizada la colaboración/complementariedad con instituciones generadoras de conocimiento, como es el caso de las universidades. Además, su éxito depende, de una manera decisiva, de la innovación que sean capaces de desarrollar. Todo ello imprime un alto valor agregado a sus producciones, lo cual, en condiciones favorables, las haría altamente rentables.
Todo esto depende, claro está, de lo que les permita la base normativa. En Cuba, las mipymes (incluyendo las de base tecnológica) tienen un rango de movimientos que, en líneas generales, favorece mucho su gestión. Y es que, como también se plasma en la normativa que las implementa, la idea es que dinamicen el esquema empresarial del país.
Para ello se les han otorgado una serie de facultades que aligeran sus procesos: tienen personalidad jurídica, con todos los beneficios que ello trae aparejado (para la firma de contratos, por ejemplo); pueden definir su propio objeto social, establecer sus esquemas de retribución a los trabajadores, acceder a fuentes de financiamiento diversas, exportar e importar, extender territorialmente su alcance más allá de donde tienen su domicilio legal, entre otras.
Aun así, lo cierto es que, de un poco más de 2 mil 800 mipymes aprobadas hasta la fecha (marzo de 2022), solo alrededor de cien se consideran de base tecnológica, la gran mayoría asociadas al software y soluciones informáticas. A ello se suma que no todas se dedican a producir bienes o servicios basados en ciencia y tecnología, pues una parte de ellas está orientada a la reparación de equipos y restablecimiento de sistemas.
El proceso es joven, ya que se inició apenas en septiembre de 2021, pese a lo cual se antoja pequeño el número de actores de este tipo que han surgido hasta el momento. Un factor que incide en esta cuestión es que menos del diez por ciento de ellos son estructuras surgidas a partir del capital estatal; y no es poca cosa siendo, como es, la empresa estatal el principal actor de la economía cubana.
Incluso, el Dr. Agustín Lage llamó a “hacer zoom” en las mipymes de base tecnológica y de capital estatal, por considerar que son estas las que llevarán el peso en el desarrollo de una Industrialización Avanzada en Cuba. Y es que, cuando se habla de disponibilidad de recursos para crecer en producción y generación de ingresos, la lógica apunta a que el sector estatal, incluyendo sus mipymes, llevan la voz cantante.
Sin embargo, es bueno volver a echar una mirada más allá de nuestras fronteras y constatar cómo, en la mayor parte del mundo, las mipymes superan abrumadoramente la participación empresarial de las denominadas grandes empresas. En el año 2019, por ejemplo, países de características tan disímiles como Alemania, España, México, Chile y Perú, compartían la característica de que más del 99 por ciento de las empresas radicadas en su territorio eran mipymes[7]. Para 2021, alrededor del 90 por ciento de todas las empresas en el mundo clasificaban en esta categoría[8].
Claro, en las condiciones de Cuba no puede tomarse a la ligera el surgimiento de nuevas empresas, porque el sector estatal tiene un rol constitucional (principal actor de la economía) que no solo hay que respetar, sino que favorecer.
Con esto en mente, vale destacar dos cuestiones: primero, que crezca el número de mipymes no necesariamente implica que se reduzca la participación estatal, a partir de que los nuevos emprendimientos pueden ser tanto privados como estatales. Segundo, el cumplimiento del papel que la Carta Magna otorga a la empresa estatal no está en dependencia de qué tan numerosas sean, sino de cuán eficientemente se gestionen. Pero eso es tema para otro trabajo.
Donde sí tiene una enorme influencia la cantidad es en lo tocante a las mipymes. Hablando específicamente de los emprendimientos de base tecnológica, la masividad traerá aparejado que todo el talento y los conocimientos que descansan en la alta instrucción recibida por los profesionales cubanos, tenga siempre una posibilidad de expresarse, de salir a la luz, de convertirse en un producto o una solución. Esa masividad posibilitará también la complementariedad y la articulación entre este tipo de estructuras, que es, recordemos, uno de los objetivos principales de su institucionalización.
Es así que las acciones para favorecer el crecimiento en número de las mipymes de base tecnológica en sentido general deben ser incluidas en las proyecciones a corto plazo de quienes velan por este proceso en el país. En el caso particular de este tipo de emprendimientos con capital estatal, su fomento requiere un impulso mucho más efectivo que el que se aprecia hasta el momento.
La idea es que las mipymes de base tecnológica se armonicen con los otros actores de la economía partícipes del universo de las producciones del conocimiento. Que sean, con su carga de dinamismo, el eslabón que cierre el ciclo de la complementariedad en ese ecosistema empresarial.
Potenciar el surgimiento y desarrollo de estas nuevas formas de gestión, particularmente las de base tecnológica, conlleva muchos aseguramientos, pero es fundamental el establecimiento de instituciones dedicadas específicamente a ese objetivo. Es algo también complejo, pero que ya echó a andar en la figura de los parques científico tecnológicos (PCT) y las fundaciones.
Son dos modalidades de actores pro desarrollo de entidades de base tecnológica de probada eficacia en el escenario internacional. Ambas, de manera general, comparten entre sus objetivos los de contribuir al enlace entre las instituciones generadoras de conocimiento y las entidades productoras; así como crear oportunidades para que los emprendimientos accedan a financiamiento, asesoramiento y apoyo para establecer conexiones, incrementar la innovación y llegar a estar en condiciones de constituirse legalmente e incorporarse al esquema empresarial del país. Es el fenómeno que se conoce como “incubación de proyectos”.
Durante los últimos dos años han visto la luz en Cuba dos PCT (Habana y Matanzas) y una Fundación (de la Universidad de La Habana). Sus resultados ya han empezado a llegar, con la celeridad que permite lo novedoso de su actividad. Sin embargo, otra vez se antoja pequeño el número, frente a las potencialidades existentes y, sobre todo, ante la enorme necesidad que se tiene de estas instituciones.
Escrutando los problemas
El hecho de que se trate de un proceso con pocos meses de andadura repercute también en la evaluación de sus puntos menos fuertes. Empero, de nada vale hacer como que no los vemos una vez que han aflorado y, por tal motivo, debe hablarse de los que ya se han manifestado.
Importar y exportar es un problema para las mipymes de base tecnológica, sobre todo para las de capital privado. Pese a que el Decreto Ley 46 de 2021 les reconoce la capacidad para constituirse como entidades importadoras y exportadoras, la realidad es que el sistema establecido les impone hacerlo a través de otra empresa, estatal en este caso.
Puede que sea un sistema temporal, es posible que las mipymes tengan que adquirir herramientas, habilidades y/o permisos necesarios para realizar por sí mismas esta actividad, pero la situación concreta es que exportar e importar tiene, para ellas, la barrera infranqueable del intermediario.
Cierto es que las empresas que prestan el servicio de exportación e importación tienen mucha experiencia, dominio del mercado y habilidades largamente cultivadas para sortear la guerra económica establecida contra Cuba; pero también es verdad que funcionan con un esquema que no se ajusta a las exigencias de estructuras tan dinámicas como (se espera que sean) las mipymes.
Las empresas de base tecnológica, sobre todo aquellas dedicadas al software y soluciones informáticas, realizan sus actividades comerciales, en gran medida, bajo demanda. Es decir, el cliente pide y la empresa desarrolla. Pero, si ese cliente es extranjero, el proceso pasa a ser de exportación y corresponde poner en funcionamiento una maquinaria burocrática que puede demorar semanas y que ha desestimulado a más de un comprador.
Cuando de importar se trata, es todavía peor. Las mipymes de base tecnológica, especialmente las privadas, son estructuras pequeñas y demandan cantidades limitadas de recursos que, en muchos casos, podrían traerse hasta en el equipaje de un viajero estándar. Sin embargo, están obligadas a entrar en el sistema de salida al mercado, pliego de concurrencia, evaluación de las opciones, negociación, contratación y el resto de los pasos que conforman la metodología diseñada para las empresas autorizadas a realizar esta actividad.
Este proceso puede durar meses y no solo por lo engorroso del sistema. Dadas las cantidades de insumos, normalmente pequeñas, que demandan las mipymes de base tecnológica, las importadoras tienen que hacer malabares para poder completar una carga, sea agrupada o en contenedores, con la consiguiente demora de la importación. Téngase en cuenta que cuando los emprendimientos basados en la tecnología solicitan una importación, esta responde a una producción ya proyectada o incluso en proceso; por tanto, la demora en la llegada de los insumos puede redundar en incumplimientos de contratos, perjuicios económicos, insatisfacción del cliente y ¿por qué no? hasta en alguna que otra demanda.
La conclusión es que el sistema establecido para la exportación e importación está diseñado para grandes empresas o, al menos, para grandes operaciones. Cuando se trata de cantidades relevantes de productos o altas sumas de dinero, es lógico que se establezcan medidas exhaustivas de control para su adecuado funcionamiento. Pero se ha integrado a las mipymes de base tecnológica en este sistema sin tener en cuenta, por un lado, que sus condiciones y necesidades no tienen nada que ver con el esquema existente y, por el otro, que el mismo, lejos de ser una solución, es un problema.
No es que no existan buenas experiencias de mipymes de base tecnológica importando y exportando a través de otras empresas, pero no es la regla. Es necesario diseñar e implementar un sistema mucho más ligero que convierta el proceso de importar y exportar en una verdadera fortaleza para este tipo de estructuras.
Otra dificultad, que marca el proceso de desarrollo de las mipymes, es que en una parte del sector estatal de la economía persiste una mentalidad escéptica hacia los emprendimientos privados. Es algo que impacta la idea misma de este fenómeno, porque impide la visión de igualdad entre empresas, aunque la base normativa la reconozca; retarda el establecimiento de alianzas; limita la confianza que debe conducir a los encadenamientos productivos.
No es cierto que las distintas formas de gestión se verán envueltas en una especie de ruedo donde se disputarán el mercado doméstico. En el área tecnológica, sobre todo en materia de software y soluciones informáticas, la demanda es tan elevada y creciente que resulta difícil imaginar un escenario en que se vea superada por la oferta. Mucho más en las condiciones actuales del país, en franco proceso de digitalización. Aunque, si así fuera, los beneficios serían mucho mayores y más palpables, porque una equiparación de las variables oferta y demanda, o que la primera sobrepase la segunda, acarrearía una reducción de los precios que es más que necesaria.
Entonces, la búsqueda de la complementariedad, de la asociación, del encadenamiento, es lo que verdaderamente da sentido al ecosistema empresarial cubano, en la manera en que se está diseñando. Que todos entendamos esto, pero sobre todo los directivos, es un requisito inalienable para el éxito. Otra forma de verlo sería fusilar la arquitectura sistémica que se pretende construir en la economía nacional, volviendo un mito su dinamización y desarrollo
[1] Anuario Estadístico 2020. Organización Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI).
[2] Consultado en https://es.db-city.com/Pa%C3%ADs–A%C3%B1os-promedio-de-escolarizaci%C3%B3n
[3] Informe Índice Global de Innovación 2020. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
[4] Estadísticas de la OMPI. Consultado en https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue
[5] Obra citada ONEI.
[6] Las pequeñas empresas estatales y las tecnologías de avanzada. Dr. Carlos Lage Dávila. Consultado en https://agustinlage.blogspot.com/2022/02/?m=1
[7] Comparación Internacional de Aporte de las Mipymes a la Economía. Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, Perú. Septiembre de 2019.
[8] Organización de las Naciones Unidas (ONU). Consultado en https://www.un.org/es/observances/micro-small-medium-businesses-day
Tomado de Juventud Técnica